Un grupo de cuatro madres de alumnos del CEIP President Salvans del barrio de Can Palet (Tarrasa) han denunciado la alarmante falta de integración de algunos niños que pretenden imponer sus costumbres al resto. Denuncian asimismo el trato de favor que reciben de las autoridades docentes. Como muestra, aseguran que el árabe se ha impuesto como lengua vehicular en las horas de recreo y que algunos niños impiden que otros ingieran su merienda si los bocadillos contienen jamón.
Han pasado algunos meses desde la primera denuncia que presentaron, e incluso ha habido un cambio de directora, pero, según confirman estas madres de alumnos, las cosas no han cambiado, como lo demuestra el asunto de los bocadillos. “En circunstacias normales podría ser considerada como travesuras entre niños, pero no cuando se trata de un centro donde la integración se antoja difícil, como prueba el hecho de que en los preescolar, la cuota de niños que hablan otros idiomas que no son los autóctonos sobrepasa con creces lo estipulado por las leyes, que es de un 80 por ciento. No hay error. En nuestro país no se fija un 20 por ciento como máximo de otros lenguajes dentro de las aulas, sino de un 80 por ciento. De hecho en uno de estos cursos, el número de niños que hablan árabe es del 83,33 por ciento”, declara una de las madres.
También subrayan la existencia de un cartel escrito en árabe en una de las puertas del colegio. En él se defiende la integración del colectivo musulmán con el resto de padres, madres y alumnos y alumnas. El cartel hace caso omiso a la Ley de Normalización Lingüística, por lo que tuvo que ser retirado por un agente del orden a requerimiento de una representante de los padres de alumnos.
Otra de las madres, María (nombre ficticio), dijo que muchas de las circulares a las madres y padres se escriben en catalán y en árabe, pese al elevado número de niños castellano parlantes que estudian en el centro. Creen que la utilización del árabe en las circulares del colegio, y no el castellano, vulnera las leyes vigentes y la propia Constitución.
Todas ellas coincidieron en que están buscando plazas en otros centros escolares dada la imposibilidad de que sus hijos estudien en un ambiente de tanta hostilidad.
Lamentan que el Ayuntamiento, una vez más, haya decidido hacer la vista gorda ante el problema.
